Staff | Revista TMX | Estado de México
Toluca, Estado de México.— El uso de drones y otras herramientas tecnológicas para vigilar, espiar o seguir los movimientos de personas con fines delictivos tendrá sanciones más severas en el Estado de México. El Congreso local aprobó una reforma al Código Penal impulsada por la diputada María del Carmen De la Rosa Mendoza, que contempla incrementar hasta en una tercera parte las penas cuando se empleen estos dispositivos para facilitar conductas ilícitas.
La modificación busca responder a nuevas formas de vigilancia utilizadas para obtener información sobre posibles víctimas, conocer sus movimientos, identificar propiedades o reunir datos que permitan preparar un delito. Para ello, la reforma incorpora como agravante el uso de aeronaves pilotadas a distancia —conocidas como drones—, dispositivos de geolocalización, sistemas de videovigilancia y otros medios de comunicación.
La propuesta de Carmen De la Rosa surgió inicialmente para endurecer las sanciones en delitos como robo, abigeato y despojo cuando se utilizaran drones equipados con cámaras o sistemas de grabación para vigilar inmuebles o identificar bienes. Sin embargo, durante su análisis legislativo, el alcance se amplió para incluir otras tecnologías y conductas relacionadas con el acecho y la obtención de información con fines de causar daño.
Durante la presentación del dictamen, la legisladora sostuvo que es necesario actualizar las disposiciones penales ante las modalidades delictivas que aprovechan los avances tecnológicos. También reconoció las aportaciones de las distintas bancadas y la opinión técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
La reforma establece que el incremento de hasta una tercera parte de la penalidad podrá aplicarse cuando se utilicen esos recursos para acechar, vigilar, espiar o proporcionar información sobre las actividades de una persona con la finalidad de ocasionarle un daño.
Con la aprobación del Congreso, el dictamen fue enviado al Poder Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta del Gobierno. Su entrada en vigor dependerá de que se cumpla ese procedimiento oficial.
La iniciativa coloca bajo un marco de sanciones más severas el uso de herramientas tecnológicas cuando son empleadas para vigilar personas y facilitar actividades delictivas, una modalidad que las autoridades deberán investigar conforme a las nuevas disposiciones una vez que comiencen a aplicarse.
CFS