Staff | Revista TMX | Estado de México
Ecatepec, Estado de México.— La Central de Abasto de Ecatepec abrió un nuevo frente de confrontación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que su Mesa Directiva cuestionara públicamente el contenido del comunicado 0855/2026 y presentara resoluciones judiciales que, de acuerdo con sus representantes, contradicen parte de la narrativa difundida por la autoridad ministerial.
Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del complejo comercial, el presidente de la Central de Abasto, Octavio Martínez Vargas, acompañado por integrantes de la Mesa Directiva, el área jurídica, productores y familiares de uno de los comerciantes mencionados en las investigaciones, sostuvo que varios de los hechos atribuidos al centro de distribución habrían ocurrido fuera de sus instalaciones.
El reclamo tomó especial relevancia por el caso de Alejandro Sánchez Millán, comerciante señalado por la Fiscalía dentro de una investigación. De acuerdo con la documentación exhibida por la representación de la Central, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Otumba determinó el 25 de agosto de 2026 la no vinculación a proceso del comerciante dentro de la causa de control 145/2026, relacionada con el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
La determinación judicial, explicaron los representantes de la Central, significa que en esa etapa del procedimiento el Ministerio Público no logró obtener una vinculación a proceso por ese delito. Sin embargo, el caso no terminó ahí: familiares del comerciante señalaron que posteriormente fue detenido nuevamente por una investigación distinta, relacionada con un supuesto caso de extorsión en Tepexpan, Acolman.
Nicolás Sánchez, padre del comerciante, rechazó públicamente los señalamientos contra su hijo y aseguró que habitantes de Santiago Tolman, de donde es originario, han respaldado su actividad como productor y comerciante. La Central de Abasto también mostró firmas y testimonios de personas que, según sus representantes, buscan acreditar la trayectoria laboral de Sánchez Millán.
Otro expediente bajo revisión
La Mesa Directiva también presentó documentación relacionada con el expediente 15/2025 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, según expusieron, se dejó sin efectos el archivo de una investigación identificada como FGJEM/OIC/INV/306/2025.
De acuerdo con la explicación jurídica ofrecida durante el encuentro, la resolución ordenó al Órgano Interno de Control de la propia Fiscalía realizar nuevas diligencias para revisar posibles irregularidades relacionadas con actuaciones de servidores públicos ministeriales.
Los representantes de la Central señalaron que dentro de ese procedimiento aparecen referencias a distintos funcionarios de la institución. No obstante, la existencia de una investigación administrativa no equivale por sí misma a una determinación de responsabilidad, por lo que corresponderá a las autoridades competentes establecer si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes serían responsables.
La Central rechaza que los aseguramientos hayan ocurrido dentro del complejo
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la conferencia fue la ubicación de los hechos incluidos en el comunicado de la FGJEM.
Alberto Nava, director jurídico de la Central, afirmó que algunos de los cateos, aseguramientos y detenciones mencionados por la Fiscalía ocurrieron en otros puntos del Estado de México y no dentro del polígono de la Central de Abasto de Ecatepec.
También cuestionó que personas ajenas a la estructura directiva del complejo fueran presentadas, según su versión, como integrantes del Consejo Directivo o representantes legales.
Otro de los puntos controvertidos está relacionado con las aportaciones que realizan los comerciantes para servicios comunes. La representación jurídica sostuvo que dichas cuotas se encuentran relacionadas con obligaciones condominales y se destinan a conceptos como mantenimiento, manejo de residuos y seguridad.
La Central pidió que estas circunstancias sean revisadas por las autoridades y que cualquier señalamiento relacionado con actividades delictivas sea sustentado con información verificable y vinculada directamente con el complejo.
Un centro de distribución con miles de trabajadores
Durante el encuentro, Martínez Vargas también puso sobre la mesa la dimensión económica y social de la Central de Abasto de Ecatepec.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la administración, el complejo concentra alrededor de 10 mil trabajadores, comercializa aproximadamente 3 mil toneladas de alimentos diariamente y recibe decenas de miles de personas durante sus jornadas de operación.
La administración aseguró además que cuenta con un sistema propio de videovigilancia con alrededor de 200 cámaras, así como vigilancia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno y un área jurídica encargada de atender los asuntos de los comerciantes.
Martínez Vargas afirmó que la Central ha enfrentado anteriormente hechos delictivos que afectaron a comerciantes y trabajadores, pero sostuvo que bajo la actual administración se reforzaron las medidas de seguridad. También negó que exista actualmente una red de extorsión, secuestro o corrupción operando dentro del complejo, aunque cualquier denuncia concreta deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.
Central anuncia “Tribuna Abierta”
Ante la controversia, la Mesa Directiva anunció la creación de “Tribuna Abierta”, un espacio que sesionará cada martes dentro de la Central de Abasto para recibir denuncias, inquietudes y testimonios de comerciantes, productores y clientes.
La intención, explicaron, es que los propios usuarios del complejo puedan informar sobre posibles delitos o irregularidades y que estos casos sean canalizados a las instancias correspondientes.
La Central también anunció que analiza emprender acciones legales en contra de la FGJEM por considerar que algunos de los señalamientos difundidos han afectado su imagen y patrimonio.
El conflicto queda ahora en manos de las autoridades judiciales y administrativas. Mientras la Fiscalía sostiene sus investigaciones, la Mesa Directiva de la Central de Abasto reclama que se rectifique la información que considera incorrecta y exhibe resoluciones judiciales para respaldar su postura.
Más allá de las acusaciones cruzadas, serán las investigaciones y determinaciones de las autoridades competentes las que establezcan qué hechos ocurrieron, dónde sucedieron y si existe alguna responsabilidad legal.
CFS