Staff | Revista TMX | Estado de México
Ecatepec, Estado de México.— El municipio de Ecatepec tiene problemas de sobra como para agregarles un capítulo digno de un reality show. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Diego García y el Licenciado Rubén Guerrero, conocidos por su actividad como influencers en redes sociales, protagonizaron un intercambio público con Vianey Duarte Pineda, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec.
Cámaras encendidas, transmisión en vivo, señalamientos de un lado y respuestas del otro. El escenario parecía más propio de un programa de confrontación que de una discusión sobre un asunto que debería ocupar un espacio mucho más serio: la seguridad de los usuarios de un deportivo y el accidente que involucró a un menor de edad.
El origen de la polémica está en un hecho que no admite frivolidad. Un menor resultó lesionado después de un incidente ocurrido en las inmediaciones del Deportivo Jardines de Cerro Gordo, también identificado como Parque Texalpa. A partir de ese hecho comenzaron los cuestionamientos sobre las condiciones del espacio deportivo y las circunstancias que rodearon el accidente.
García y Guerrero sostuvieron públicamente que el menor habría terminado expuesto al riesgo después de que no pudiera realizar sus actividades deportivas en el inmueble. Esa interpretación puede formar parte del debate público, pero no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad jurídica.
Y ahí es donde comienza el verdadero problema.
Una cosa es cuestionar a un gobierno y otra muy distinta es determinar responsabilidades. Para establecer si existe una relación entre las condiciones del deportivo y el accidente tendrían que conocerse las circunstancias precisas de lo ocurrido, las condiciones en que funcionaba el inmueble, las decisiones administrativas tomadas y, sobre todo, la existencia o no de un vínculo causal entre esas decisiones y el hecho.
Los influencers tienen todo el derecho de cuestionar a la autoridad. Incluso pueden ser incómodos. De hecho, parte de la función social de las redes consiste precisamente en poner asuntos públicos bajo la lupa.
Pero tener una audiencia no convierte automáticamente una afirmación en una prueba.
Del otro lado está la funcionaria pública. Vianey Duarte Pineda tampoco puede pretender que una transmisión en redes se convierta en un territorio donde las explicaciones institucionales sean sustituidas por la confrontación personal.
Una servidora pública tiene derecho a responder a los cuestionamientos, pero también tiene una responsabilidad adicional: explicar con claridad qué ocurrió, por qué se tomaron determinadas decisiones y qué está haciendo el gobierno para evitar que un problema vuelva a repetirse.
Porque cuando una autoridad no explica oportunamente, alguien más termina llenando ese vacío.
Y ese alguien pueden ser los influencers, los vecinos, los opositores o cualquier usuario con un teléfono celular y una transmisión en vivo.
Ese es quizá el verdadero fracaso que deja este episodio. No que dos influencers y una funcionaria hayan discutido frente a una cámara, sino que un asunto relacionado con un espacio público, la seguridad de un menor y las condiciones de una instalación deportiva haya terminado dependiendo de quién tenía el micrófono más cerca.
El gobierno tiene la obligación de informar. Los ciudadanos tienen derecho a cuestionar. Los influencers tienen derecho a opinar. Pero ninguno tiene derecho a sustituir con una narrativa propia aquello que solamente una investigación puede determinar.
También resulta necesario separar el ejercicio de influencia digital del periodismo.
Las redes sociales han cambiado la manera en que la ciudadanía conoce y discute los asuntos públicos. Un video puede alcanzar en unas horas a más personas que una conferencia de prensa. Eso tiene un enorme valor democrático, pero también una responsabilidad proporcional: verificar, contextualizar y distinguir entre una denuncia, una opinión y un hecho acreditado.
Y justamente ahí es donde el periodismo profesional todavía tiene un papel que cumplir.
No se trata de competir con los influencers por seguidores, transmisiones o polémicas. Se trata de hacer las preguntas que el espectáculo deja fuera.
¿Por qué se encontraba el deportivo en esas condiciones? ¿Qué medidas de seguridad existían? ¿Qué ocurrió exactamente con el menor? ¿Qué decisiones tomó la autoridad? ¿Quién tenía bajo su responsabilidad el espacio? ¿Existe una investigación formal? ¿Qué información puede proporcionar el Ayuntamiento para esclarecerlo?
Esas son las preguntas que deberían estar en el centro de la conversación pública de Ecatepec.
Porque un municipio no se gobierna mediante transmisiones en vivo y tampoco se fiscaliza únicamente mediante ellas.
El episodio entre Diego García, Rubén Guerrero y Vianey Duarte Pineda deja, finalmente, una fotografía incómoda de la política local: funcionarios obligados a responder ante una ciudadanía cada vez más activa y figuras de redes sociales que han adquirido una capacidad de influencia que hace algunos años estaba reservada casi exclusivamente a los medios de comunicación.
El fenómeno llegó para quedarse. Y seguramente será cada vez más visible conforme se acerque el proceso electoral de 2027. Pero precisamente por eso resulta indispensable elevar el nivel de la discusión.
Ecatepec necesita que sus problemas se discutan con seriedad, no que cada conflicto termine convertido en una batalla de transmisiones, acusaciones y réplicas.
Porque cuando las cámaras se apagan, los seguidores se desconectan y el algoritmo cambia de tema, el problema sigue ahí.
CFS