Staff | Revista TMX | Nacional
Ciudad de México.— Comprar cigarros representa cada vez un gasto mayor para millones de consumidores, pero detrás del precio de cada cajetilla también existe una importante fuente de ingresos para las finanzas públicas. En México, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a los tabacos labrados generó 49 mil 522.1 millones de pesos durante 2025, de acuerdo con cifras de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La cifra permite dimensionar el peso económico de este gravamen. Para 2026, las estimaciones de ingresos contemplaron una recaudación cercana a los 62 mil 98 millones de pesos por este concepto. Se trata de una proyección presupuestaria, no de dinero que ya haya sido recaudado, pero muestra la magnitud que podría alcanzar este ingreso para el Estado.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto paga una persona al comprar una cajetilla, sino qué ocurre después con esos recursos. ¿Se destinan a campañas de prevención, tratamientos para personas con enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco o al fortalecimiento de los servicios de salud?
La respuesta no es tan directa. El IEPS al tabaco forma parte de los ingresos tributarios del país y no cuenta con una asignación exclusiva para atender los daños que provoca el tabaquismo. Es decir, el dinero recaudado se integra a las finanzas públicas y no existe una obligación general de utilizarlo únicamente en programas relacionados con el consumo de cigarrillos.
Una parte llega a los estados, pero no tiene destino exclusivo
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), cerca del 30 por ciento de la recaudación del IEPS al tabaco se distribuye entre las entidades federativas mediante el sistema de participaciones. El resto se integra a la bolsa de recursos federales, sin una etiqueta que obligue a destinarlo exclusivamente a prevención o atención de enfermedades relacionadas con el tabaco.
Esto no significa que el dinero desaparezca o que no pueda financiar servicios públicos. Significa que no existe una correspondencia directa entre cada peso recaudado por la venta de cigarros y una cantidad específica destinada a combatir sus consecuencias sanitarias.
La distinción es importante porque el impuesto tiene, además de una finalidad recaudatoria, un propósito de salud pública: elevar el precio de los productos para desincentivar su consumo. Sin embargo, para evaluar sus resultados también es necesario observar si disminuye el número de personas fumadoras, si se fortalecen las acciones preventivas y si existe capacidad suficiente para atender a quienes desarrollan enfermedades asociadas.
La venta por unidad está prohibida, pero persiste el reto de la regulación
Otro aspecto de la discusión está en la comercialización de estos productos. En distintos puntos del país todavía es posible encontrar cigarros ofrecidos por unidad, una práctica que facilita la compra de quienes no pueden o no quieren pagar una cajetilla completa.
Sin embargo, la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe expresamente vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad, así como comercializarlos en empaques con menos de 14 o más de 25 unidades. La disposición está contemplada en el artículo 16 de esa legislación.
La existencia de esta prohibición coloca sobre la mesa otro desafío: la vigilancia de los establecimientos y el cumplimiento de las normas. No obstante, la presencia de cigarros sueltos en el comercio no permite, por sí sola, afirmar que esta práctica haya aumentado ni medir qué tanto afecta la política fiscal.
El costo del tabaquismo va más allá de la recaudación
El debate también debe considerar el impacto sanitario. El consumo de tabaco está relacionado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer, cuyos tratamientos representan una carga para las personas, sus familias y los servicios de salud.
Por ello, el aumento de los impuestos suele formar parte de las estrategias recomendadas para reducir el consumo. Pero la recaudación, por sí sola, no demuestra que una política de prevención esté dando resultados: también se requiere información pública sobre campañas, acceso a tratamientos, atención médica y evolución de los indicadores de consumo.
En ese contexto, los más de 49 mil millones de pesos obtenidos en 2025 abren una discusión que va más allá del precio de una cajetilla. México cuenta con un gravamen que genera ingresos importantes y que busca desincentivar el consumo, pero sus resultados también deben medirse por su impacto en la salud de la población.
La pregunta de fondo permanece: si el tabaco genera miles de millones de pesos en impuestos, ¿qué resultados concretos está obteniendo el país en prevención, atención médica y reducción del consumo?
CFS